Una persona física consulta si puede computar, como parte del costo fiscal del inmueble, los pagos realizados a una empresa constructora por la construcción de una vivienda sobre un terreno de su propiedad adquirido en 2006.

En 2017 firmó un contrato con una empresa constructora por un precio global, pero la empresa incumplió dicho contrato, efectivizó cobros pero no culminó con la obra y dejó deudas municipales y laborales, el consultante manifiesta que podría considerar estas mejoras como costo fiscal ya que tiene un contrato respaldatorio y pagos documentados con recibos y transferencias (a personas físicas, no a nombre de la empresa).

La DGI rechaza su criterio. Según los artículos 29 del Título 7 del T.O. 2023 y 26 del Decreto Nº 148/007, para computar mejoras en el costo fiscal del inmueble se requiere documentación adecuada: facturas emitidas conforme al régimen vigente. En el caso de mano de obra, además, debe haberse pagado el Aporte Unificado de la Construcción.

Al no contar con facturas emitidas por la empresa constructora, y tratándose de pagos a personas físicas, los costos no pueden considerarse debidamente documentados y, por tanto, no integran el costo fiscal.

Sí podrán computarse los aportes al BPS realizados directamente por la consultante, siempre que cuente con la documentación correspondiente.